EQUO, mediante su eurodiputado Florent Marcellesi, ha presentado una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea en relación con los procedimientos de autorización de una Mina de Uranio y de una Instalación Radiactiva de 1° categoría en el municipio de Retortillo (Salamanca, España) situado a 30 km de Portugal.
En palabras de Marcellesi, «es fundamental que la Comisión Europea se posicione y actúe sobre la mina de uranio de Salamanca. Es un proyecto peligroso e ilegal cuyo daño traspasaría la frontera española, afectando también a Portugal. Estamos ante un problema de alcance transnacional, por lo que la Comisión Europea debe tomar cartas en el asunto.»
Para pedir la intervención de la Comisión Europea, el partido verde ha tenido en cuenta la directiva 2011/92/UE, la cual, en su artículo 7 advierte: «En caso de que un Estado miembro constate que un proyecto puede tener efectos significativos en el medio ambiente en otro Estado miembro, o cuando un Estado miembro que pueda verse afectado significativamente lo solicite, el Estado miembro en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo el proyecto enviará al Estado miembro afectado, tan pronto como sea posible y no después de informar a sus propios ciudadanos, entre otras cosas, lo siguiente: a) una descripción del proyecto, junto con toda la información disponible sobre sus posibles efectos transfronterizos; b) información sobre la índole de la decisión que pueda tomarse.»
Por ello se ha preguntado:
-Dado que es un proyecto que afecta a ambos países y según el anexo II de la directiva 2011/92/UE, ¿Conoce la Comisión si el Gobierno portugués ha sido informado del proyecto por parte del español?
-En caso afirmativo, ¿ha sido partícipe el Gobierno portugués de la Evaluación de Impacto Ambiental?