Según un artículo en el último número de Alternativas Económicas, en España ya hay más de 150 territorios que se han declarado en contra de los Tratados de Libre Comercio TTIP (entre la UE y los EE.UU.) y CETA (entre la UE y Canadá). Incluyen las Comunidades de Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, Islas Baleares y Navarra, además de la Diputación de Sevilla y 161 municipios (entre ellos Madrid y Barcelona). En la provincia de Ávila se ha declarado opuesto a TTIP y CETA el municipio de Ortigosa del Río Almar y Manjabálago, en la Sierra de Ávila.
Y esto, a pesar de que en los grandes medios ha habido muy poca información sobre qué significan estos tratados, y una ausencia casi total de debate.
En Europa hay en total 1.800 territorios libres de TTIP y CETA, la mayoría en Francia, Alemania y Austria.
El TTIP (por las siglas en inglés: Transatlantic Trade and Investment Partnership. En castellano: Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones) lleva negociándose desde junio de 2013. Pero no es algo nuevo; ya en los 90 se empezaron a firmar múltiples “Tratados bilaterales de inversiones” – acuerdos entre dos países para proteger la “seguridad jurídica” de los inversores, a menudo a costa de los derechos ciudadanos.
El objetivo es liberalizar aún más la economía y el comercio internacional. Para ello se pretende quitar las “barreras comerciales”. Estas barreras son aranceles (que hay pocos entre la UE y EE UU), cuotas, y sobre todo: las diferencias en cuanto a normas ambientales y de seguridad y protección de la salud.
La parte más controvertida del tratado es el tribunal de arbitraje, o sistema de solución de diferencias entre los inversiores y los estados. En este sistema los inversores extranjeros (los nacionales no) pueden demandar a los gobiernos a tribunales especiales por “lucro cesante”, es decir, por cualquier norma o decisión que consideran reducen sus beneficios esperados. Como este mecanismo ya existe en la mayoría de los tratados bilaterales mencionados arriba, se puede ver como se ha utilizado. Aquí hay algunos ejemplos:
– En Egipto, después de la “Primavera Arabe”, Veolia demandó al gobierno por haber aumentado el salario mínimo desde la cantidad equivalente a unos 40 euros hasta los 72 (¡al mes!).
– En 2003 la República Checa fue condenada a pagar una indemnización equivalente a todo el presupuesto anual de sanidad por revertir la política de privatización.
– En 2009, Vattenfall interpuso una demanda contra el Gobierno Alemán por 1.400 millones de euros por las restricciones ambientales impuestas a una central de carbón.
– Hace unos meses una corporación canadiense interpuso una demanda al Estado Español. Quiere 21 millones de euros del dinero de los contribuyentes por no permitírseles destruir un paisaje gallego con actividades mineras, algo a lo que miles de personas se opusieron.
Los que están a favor de los tratados hablan del impulso que significarían para la economía, que se traduciría en un aumento del PIB de hasta 1 %, según los estudios más optimistas.
Sin embargo, los críticos pensamos que los tratados en sus formas actuales son una muy seria amenaza tanto para nuestra ya maltrecha democracia como para nuestro bienestar (de nosotros y de toda la vida en nuestro planeta). ¿Qué nos vale que la economía crezca, si el reparto es tan desigual, y estamos destruyendo la base de nuestra existencia futura?
En Alternativas Económicas también hay un artículo de Florent Marcellesi, ”El TTIP, contra nuestras necesidades”. Allí el portavoz de Equo en el Parlamento Europeo resume los peligros que conlleva el tratado: más poder a los multinacionales, perdida de empleos ( según un estudio de la Universidad de Tufts en Boston -el único que considera variables como el desempleo y la desigualdad- unos 600.000 empleos desaparecerían en Europa), menor protección social, laboral y medioambiental. Y además, reventaría completamente el acuerdo climático de Paris. Marcellesi explica que en lugar del compromiso de la UE de reducir las emisiones de CO2 en un 40% para el año 2030, estas se duplicarían, según un estudio de Ingeniería Sin Fronteras.
En Equo pensamos que es urgente cambiar de rumbo. En palabras de Marcellesi:
”Frente a este callejón sin salida que representa el TTIP (también el CETA con Canadá), es necesario establecer estrategias alternativas de cooperación entre la UE, EE.UU y demás países desde una economía centrada en las personas y nuestro entorno. Un buen acuerdo permitiría reforzar el poder de nuestras instituciones democráticas frente a las multinacionales, poner fin a los paraísos fiscales y a la economía de casino, impulsar reglas comerciales que respeten los derechos humanos, el trabajo digno y los ecosistemas, y permitiría acelerar la transición ecológica de la economía basada en el acuerdo de Paris. Frente al TTIP, hay sin duda alternativas democráticas, solidarias y ecológicas.”
Para saber más:
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Lena Pettersson